“Es indispensable”, dijo la Legisladora Mariana Domínguez (JSRN), “que se deslinde la responsabilidad del gobierno nacional, a través de sus fuerzas de seguridad en este caso. Una puede estar más o menos de acuerdo con una propuesta política, o un modelo económico, pero el caso Maldonado es un límite no negociable, una barbarie a la que no podemos ni debemos regresar jamás”
“Yo invito”, acotó, “a reflexionar y movilizarse, a exigir “la información que el gobierno nacional tiene la obligación constitucional de investigar y publicar”.
Además de las responsabilidades institucionales. Domínguez avanzó sobre el rol de las empresas periodísticas “que puede apreciarse en la página de internet (www.santiagomaldonado.com) donde la familia de Santiago denuncia las noticias falaces o malintencionadas que se han difundido sobre el caso”.
Aclaró que “seguimos pidiendo la aparición con vida de Santiago, y esa es una consigna indeclinable”.
“El gobierno provincial se ha expresado con total claridad en la voz de su Secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez, quien oficialmente reclamó la aparición con vida de Maldonado”, recordó Domínguez.
“Hoy el caso (que comenzó el 1° de agosto) concitó la atención internacional a partir del documento divulgado por el Mercosur”, señaló la legisladora, y aseguró que “la preocupación crece y no hay ningún organismo en el mundo que se entrometa en cuestiones internas de un Estado soberano, si no fuera que se trata de flagrantes violaciones a pactos plurinacionales a los cuales la Argentina suscribe, y en este caso frente a hechos que hieren la Declaración Internacional de Derechos Humanos en primer término”
La Argentina adhirió en 1994 a la declaración de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, cuyo artículo segundo expresa: “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En el mismo sentido se expresó el Parlamento del Mercosur urgiendo a la Argentina a “extremar las medidas necesarias para establecer el paradero del ciudadano Santiago Maldonado”, y remite al Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en sus dichos: “que Santiago Maldonado fue visto por última vez en el marco de un operativo llevado a cabo por un centenar de efectivos de Gendarmería Nacional”.
Este documento, fechado en Montevideo, insta al gobierno argentino a resguardar el “derecho a la libertad y la integridad personal y establecer la responsabilidad por su desaparición”.