La provincia de Río Negro ha sido históricamente pionera en el país y en América Latina en materia de salud mental, sin embargo la realidad social, sanitaria y territorial demuestra la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa: la del fortalecimiento operativo del sistema.
En muchos municipios del interior rionegrino, no existen actualmente dispositivos de internación, de día o de rehabilitación, ni espacios de alojamiento transitorio que permitan sostener la continuidad de los cuidados. Esta ausencia obliga a numerosas personas y familias a trasladarse fuera de la provincia en busca de atención, produciendo —en los hechos— una expulsión sanitaria que contradice los principios de equidad y accesibilidad que inspiran la ley vigente.
En este sentido se presenta un nuevo texto que incorpora una condicionalidad sanitaria explícita, exige equipos interdisciplinarios acreditados, fija un cupo mínimo de atención a residentes rionegrinos y prevé mecanismos de transparencia y auditoría pública. Asimismo, no compromete recursos del Ministerio de Salud, sino que articula con el régimen general de promoción económica (Ley E N° 4.618) para otorgar beneficios impositivos o crediticios en condiciones controladas, haciendo posible la radicación de inversiones privadas en localidades donde el Estado provincial no puede, por sí solo, cubrir la demanda.
La propuesta de los Legisladores Lorena Yensen y Elbi Cides consolida un modelo de cooperación público-privada que amplíe la cobertura, diversifique las estrategias de intervención y garantice que ningún rionegrino deba abandonar su provincia para recibir atención, de la desmanicomialización a la territorialización efectiva del derecho a la atención, articulando saberes, recursos y voluntades para hacer posible una red de cuidados amplia, ética y sostenible.