Diversos proyectos –algunos de inmediato impacto en la sociedad-, se trataron en las comisiones de la Legislatura que se reunieron este miércoles, como la iniciativa del Poder Ejecutivo que propone adherir a la denominada “Ley Justina” de donante presunto, la regulación de alcoholímetros y radares en las rutas nacionales de la provincia, un nuevo Código de Familia para la Justicia, y hasta una propuesta para eliminar –vía compactación-, todos los autos abandonados en depósitos oficiales y camineras, que suman más de 1.000 en toda la provincia.
También sorteó con éxito la comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto que crea un fondo específico para que afiliados a ATE tengan acceso a una vivienda o a financiamiento para ampliación o para realizar conexiones domiciliarias de servicios básicos.
En el caso de la adhesión a la Ley de donante presunto, la clave está en el concepto que predomina en el texto: toda persona es donante “de no expresar lo contrario”.
Esta herramienta legal, “permitirá mejorar la capacidad de detectar posibles donantes”, señaló el titular del INCUCAI de Río Negro, Leonardo Uchiumi ante los legisladores. Las estadísticas indican que en el último año 800 personas fallecieron a la espera de un donante en el país, a pesar de que en 2018 hubo un récord de ablaciones. Sólo en Río Negro se realizaron 20 operativos en el 2018, y 21 en lo que va de 2019. Adherir a esta norma nacional, traerá algo de alivio a los 200 rionegrinos que están en lista de espera.
Respecto a la reforma de la Ley de Tránsito provincial, el subsecretario de Seguridad Vial de Río Negro, Marcelino Di Gregorio, fue el encargado de dar los detalles que parten de la necesidad de “reforzar las autonomías provinciales” ante el avance de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La meta es que la ubicación y el funcionamiento de alcoholímetros y sensores de velocidad sean administrados por la Policía de Río Negro, entre otras cosas, porque el máximo de alcohol permitido en el ordenamiento nacional es de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que una ley provincial fija ese tope en 0,2 gramos.
“Es facultad de la provincia y además es nuestra policía la que sabe cuáles son los puntos clave”, destacó Di Gregorio.
Otras provincias, como Córdoba y Santa Fe ya tienen una ley de similar tenor a la que se prepara en Río Negro.
Respecto del Código de Familia, que regulará de manera específica en los tribunales rionegrinos los conflictos familiares, por fuera de los habituales cánones del proceso penal.
“No fue un enlatado, sino que hubo mucho trabajo, durante muchos meses”, destacó la Legisladora de Juntos Somos Río Negro, Tania Lastra, una de las representantes del oficialismo en la elaboración de esta nueva herramienta procesal. “Tuvimos muchos aportes de funcionarios y legisladores, con discusiones muy interesantes”, acotó. A su lado, la Jueza del Tribunal Superior de Justicia, Liliana Piccinini, acotó que el Código “tiene una gran redacción y es un gran legado”. El tema se estima que tendrá este viernes su tratamiento en primera vuelta.
Para preservar la salud pública y el medio ambiente, también se le dio luz verde a una iniciativa de los Legisladores de Juntos Viviana Germanier y Elbi Cides, que adhiere a una ley nacional que regula la eliminación de vehículos abandonados, ya sea los dados de baja por el propio Estado, o los que fueron inmovilizados por razones judiciales y que nunca fueron reclamados.
Se autorizará la “compactación y descontaminación” de esos depósitos, que en el caso de Roca llega a las 297 unidades, más las que existen en las camineras. En la zona de Bariloche hay 386 rodados, y en Cipolletti 255, y a eso se deben sumar entre 25 y 50 unidades más en las camineras.