Gran repercusión política y judicial originó la imputación penal contra jueces, ex magistrados, ex funcionarios del Ejecutivo y actuales del Poder Judicial por la liquidación de licencias no tomadas de los ex vocales del STJ, Luis Lutz y Alberto Balladini.
Existieron distintas acciones. El presidente del bloque del oficialismo, Pedro Pesatti, pidió ayer a la Fiscalía de Estado que se transforme en querellante para que reclame la restitución de fondos.
Esa solicitud fue pública, pero se supo de reacciones más reservadas, especialmente a partir de la inclusión del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas, en el expediente. Por caso, el vicegobernador Carlos Peralta concurrió a su despacho para persuadirlo de que renuncie al cargo, aunque inicialmente el magistrado no habría aceptado.
En tanto, el intendente de Roca, Martín Soria, dijo a LU19 que «Sodero Nievas se va a ir como rata por tirante«, recordando que «él ya presentó la renuncia» y que además de las causas penales en su contra también tiene un pedido de juicio político, uno o dos, así que es una persona absolutamente cuestionada«.
«Se va a ir, totalmente, me cuesta creer que haya alguien que pueda defender a semejante delincuente«, agregó.
Por otra parte, se supo ayer que son ocho los imputados por presunta «administración fraudulenta», sumándose otro juez a los ya involucrados. Se trata del camarista Roberto Maturana.
Este magistrado figura en la causa porque habría firmado en calidad de juez subrogante del STJ la resolución que autorizó el pago de la licencia no tomada a Balladini.
Además están imputados el ex fiscal de Estado, Alberto Carosio y el administrador general del Poder Judicial, Horacio Mion, pero ayer se conoció que la investigación también alcanza al ex fiscal adjunto, Julio Ortiz y el director de Asesoramiento Legal del Poder Judicial, Juan Claudio Pereyra.
Mientras tanto, Pesatti -que fue el original denunciante- solicitó al Fiscal de Estado, Pablo Bergonzi que adopte «medidas frente el presunto fraude contra la administración del Estado que habrían consumado los abogados Lutz, Balladini y que compromete también al titular del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Hugo Sodero Nievas«.
En su petición, Pesatti aspira que la Fiscalía de Estado se constituya como querellante «para que se ejerzan todas las acciones necesarias que sirvan para recuperar la totalidad del dinero que sustrajeron estos ex integrantes del máximo órgano del Poder Judicial con la complicidad de quienes hoy están imputados en la causa.»
Luego, el parlamentario consideró que «la era de la impunidad ha llegado a su fin» y se manifestó esperanzado en que «jueces y fiscales, libres de la mordaza del poder político, puedan hacer realidad lo que los rionegrinos categóricamente decidieron apoyando al proyecto de Carlos Soria: sacar el Poder Judicial del oscuro reino de la impunidad desde donde se brindó protección a una estructura de poder absolutamente corrupta que felizmente ya agotó su ciclo«.
Fuente: Diario Río Negro