La ciudad capital de la provincia es uno de los centros urbanos de Río Negro donde la especulación inmobiliaria ha soliviantado los valores de la tierra hasta niveles increíbles, tanto en el ejido urbano como en el área rural adyacente. Este fenómeno se viene produciendo desde hace un largo tiempo y uno de los factores desencadenantes ha sido la falta de tierras disponibles para incidir en el mercado, contribuyendo al aumento de la demanda y evitar la suba de los precios que no tienen nada que ver con la realidad del lugar.
Reflejo de esta situación se aprecia en el monto de los alquileres, de carácter prohibitivos para una gran mayoría de la población perteneciente a los distintos matices de las clases medias y sectores populares que tampoco pueden acceder a líneas crediticias de entidades bancarias como sucedía hasta hace algunos años, ni a los planes de viviendas del IPPV, que tampoco se encuentran al alcance de vastos sectores de la población.
La única voz de la dirigencia política que intentó detener esta carrera sin fin fue el legislador Pedro Pesatti, hoy titular del bloque del FpV, que presentó un proyecto de ley proponiendo establecer que el valor máximo de los montos de los alquileres mensuales de oficinas, locales y viviendas oficiales, se determinara aplicando un porcentaje entre el 0.8 y 1.2 % fiscal del inmueble. Nunca tuvo sanción legislativa.
Como resulta obvio señalar, la continua irrupción del estado en el mercado como principal actor, ha consagrado un problema que resulta casi imposible superar, salvo una acción mancomunada entre el gobierno provincial y las autoridades municipales, que produzca un cambio de 180º grados en la coyuntura.
No es aventurado afirmar que esta realidad que se comprueba todos los días, se inició a mediados de los años 80, coincidente con el anuncio del frustrado traslado de la Capital Federal a Viedma, durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsin, cuando inversionistas privados que contaban con información anticipada de esa importante decisión, se adelantaron y adquirieron a elevados precios artificiales distintos inmuebles, tanto en el caso céntrico de la ciudad como en su entorno rural, a precios absolutamente sobrevaluados.
Esa marea impensada provocó la construcción de barrios y la ocupación de gran cantidad de terrenos de grandes dimensiones y, pese al cambio de gobierno en el orden nacional y la invalidación del proyecto traslado, las pautas y las consecuencias de una especulación desenfrenada ha caracterizado una situación que costara mucho revertir, una de cuyas manifestaciones más dramáticas es la multiplicación de tomas impulsadas por vecinos sin recursos que invaden terrenos fiscales o de propiedad privada.
Ahora hay preocupación por las expectativas que puede despertar la conformación de la Unidad Ejecutora para la ubicación del futuro Centro Cívico a construirse en Viedma y que concentrará a la mayoría de los edificios gubernamentales.
Será, sin dudas, una obra de proyecciones que potenciará a un determinado sector de la ciudad y en torno al cual comenzarán con la suficiente antelación las maniobras que ya tuvieron lugar aquí, cuando personajes bien informados adquirieron campos frente a la isla La Paloma –por ejemplo-, donde se había contemplado erigir aquella capital de la “marcha hacia el sur, el mar y el frío”.
En esa oportunidad, entre mediados de 1986, fecha del anuncio del traslado hasta la asunción del presidente Menem, el organismo de avanzada fue el ENTECAP como autoridad local del proyecto, cuyo accionar también despertó la furia inmobiliaria.
Ahora, se trata de prever y evitar que aquella historia, en alguna medida, vuelva a repetirse. Es de esperar que con el trasfondo de la experiencia ya vivida, los estados nacional, provincial y municipal, tomen las medidas contra cualquier variante especulativa que signifique agravar la “burbuja inmobiliaria” que beneficia a muy pocos, y perjudica a la mayoría de la comunidad.
Inclusive, se hace necesario unificar el discurso oficial sobre este tema para que la multiplicidad de declaraciones periodísticas y opiniones sin fundamento técnico facilite lo que se quiere impedir, y acreciente el actual diagnóstico, por demás inquietante.
Fuente: Agencia Periodística Patagónica