En el marco de la reunión de ayer de la Comisión Especial Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, su presidente César Miguel presentó un informe preliminar sobre el funcionamiento de la comisión, los expedientes ingresados, su estado general y el seguimiento de las denuncias presentadas.
El 24 de abril entró en vigencia la ley que creó esta comisión, con el objetivo de elaborar un informe detallado de las transferencias de tierras rurales que hayan pertenecido a la provincia, con precisiones jurídicas acerca de la eventual nulidad de las transferencias y determinando la posibilidad de formular los respectivos reclamos judiciales.
Con la metodología de trabajo prevista, la comisión realizó reuniones de trabajo con la Dirección de Tierras, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y la Dirección de Catastro provincial.
En cuanto al funcionamiento de la comisión será es un espacio institucional que los rionegrinos poseen para ser escuchados y donde se recepcionen las denuncias respecto de las tierras que habrían sido sustraídas del erario público de manera irregular.
El informe detalla que la comisión ha recibido un total de treinta denuncias que se encuentran en trámite, algunas ya poseen dictamen legal y se han elevado a la Fiscalía de Estado.
Según el documento, se han vendido gran cantidad de hectáreas de tierras pertenecientes a las arcas provinciales que se destacan por su inmensurable riqueza” poniendo como ejemplo el caso de El Bolsón, donde se han vendido 32 hectáreas a 867 pesos cada una. Este caso ya fue elevado al Fiscal de Estado.
La mayor parte de las denuncias ingresadas, se encuentran relacionadas con adjudicaciones en venta y titularización de tierras de dominio del Estado provincial a particulares, utilizando como base legal para realizar la correspondiente tramitación sucesiones de cesiones de derechos y mejoras que en su gran mayoría fueron realizadas por sujetos que no han residido de manera permanente en el lugar, por tanto no han elaborado proyectos productivos o de desarrollo sobre la tierra.
Según las conclusiones del informe, lo analizado hasta el momento muestra un “accionar ilegal y fraudulento” por parte de la Dirección de Tierras que no respetó el espíritu del régimen legal de tierras.
También se mencionan como irregularidades frecuentes, procedimientos donde no se ha cumplimentado con la vista previa de la Fiscalía de Estado, ni se han emitido constancias de los dictámenes reglamentarios.
Fuente: Legislatura de Río Negro