A pocas semanas de reunirse con Carolina y Pablo Leguizamon, el Presidente del Bloque del FpV, Pedro Pesatti, presentó un proyecto de comunicación dirigido a los representantes rionegrinos en el Honorable Congreso de la Nación, para que impulsen las modificaciones pertinentes al Código Penal con el fin de que, cuando se trate de los delitos contemplados en el Libro Segundo, Título III, de Delitos contra la Integridad Sexual y el afectado fuere menor de edad, la acción sea considerada imprescriptible.
En el proyecto se enumera que los abusos sexuales a menores son comportamientos perversos que realiza un adulto -generalmente varón- para su propia satisfacción sexual, con una niña, niño o adolescente, y para conseguir su objetivo emplea la manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas y, llegado el caso, la violencia física.
Asimismo, el proyecto destaca la reciente sanción de la Ley Nº 26.705, conocida como “Ley Piazza”, que amplía notablemente el plazo de prescripción en tanto, para los supuestos de delitos sexuales contra menores, comienza su cómputo a partir de que el menor adquiere la mayoría de edad.
Sin embargo, a pesar del avance que ha significado la sanción de dicha ley, el legislador Pesatti consideró «necesario continuar avanzando en el tema por cuanto este tipo de conductas se comete en muchísimos casos contra niños y, por factores propios de su corta edad, como asimismo por miedo o incluso por cierto sentido de culpa, suelen callar este tipo de casos para siempre, o lo develan en forma tardía, cuando ya la acción penal está prescripta».
En los fundamentos Pesatti cita, a su vez, distintos antecedentes de proyectos que avanzan en la dirección propuesta disponiendo lisa y llanamente la imprescriptibilidad de los delitos que atentan contra la integridad sexual de niños y niñas.
Por último, hace una breve referencia al caso Leguizamon, que ha sensibilizado profundamente a la sociedad, y a una nota recientemente ingresada en la Legislatura de Río Negro, firmada por más de 1500 vecinos de las localidades de Río Colorado y La Adela, en la que se solicita al parlamento que se arbitre los medios necesarios en pos de lograr la imprescriptibilidad de los delitos indicados.