Al término de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, su presidente, la legisladora Tania Lastra (FpV), destacó la relevancia de la iniciativa del Poder Ejecutivo que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de un lote de 319 hectáreas que tiene por destino la instalación del Parque Tecnológico Productivo Industrial, de San Carlos de Bariloche.
Lastra recordó que la iniciativa permitirá «el mejor desenvolvimiento de las empresas y emprendimientos que allí se radiquen» y «procura el reordenamiento de la ciudad respecto a los movimientos operativos que el sector productivo debe realizar, pero que está limitado por los inconvenientes que ha generado el crecimiento urbano.»
El proyecto contempla «la radicación y desarrollo de establecimientos industriales productivos y de servicios, vinculados también a la tecnología, teniendo como objetivo principal promover un desarrollo económico y social equitativo de manera sustentable, estimular la innovación y la transformación productiva del distrito, contemplando favorecer el intercambio de conocimiento y la transferencia de nuevas tecnologías entre empresas, como medio de desarrollo económico local y regional, con el consiguiente aumento de empleo calificado que implica esta inversión».
Los fundamentos del ejecutivo sustentan que «el Parque Tecnológico Productivo Industrial de la ciudad de San Carlos de Bariloche es un viejo anhelo de toda la comunidad» andina, así como de toda la Provincia.
Añaden que la actual gestión de gobierno «viene a recoger las buenas ideas y antecedentes importantes que durante años navegaron en el ideario de las distintas administraciones, pero que la ausencia de una voluntad política real les impidió sistemáticamente hacerlas efectivas».
Juicios por alimentos
Lastra también señaló la trascendencia del proyecto de ley para modificar los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro que regulan los juicios por alimentos.
Según la propuesta impulsada por el legislador Jorge Barragán (FpV), a este fin el juez deberá considerar la pretensión alimentaria desde la fecha en que se interponga la demanda, y en el caso de los menores de edad desde el momento en que nació la obligación alimentaria o desde cuando el demandado dejó efectivamente de cumplirla.
Las cuotas mensuales y suplementarias previstas en el Código Procesal Civil y Comercial devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.
Respecto de los alimentos que se hubieren devengado (obligaciones atrasadas incumplidas), el juez fijará una cuota suplementaria, de acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, que se abonará en forma independiente.
Barragán, basado en profusa legislación e información doctrinaria, interpreta que: “En ningún caso la inactividad procesal del alimentario menor de edad hará presumir su falta de necesidad, ni podrá determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas.”
Entiende además que «la caducidad presunta no es consagrada por ningún texto legal y contraría normas civiles expresas, lo que resulta francamente inadmisible”.
“Se da por sentada la renuncia, presumiéndola a priori, sin que la misma exista realmente”, expresa el parlamentario rionegrino, a lo que agrega que: “Una cosa es la presunción judicial como camino que parte del indicio para llegar al hecho presumido y otra, totalmente distinta, es invertir al inicio la carga probatoria presumiendo una renuncia, que constituye uno de los modos de extinción de las obligaciones”.
Entre otros argumentos, Barragán alega que “los alimentos son un derecho personalísimo, porque se deben a personas determinadas por imperio legal, emergente del emplazamiento en el estado de familia, siendo irrenunciable, inajenable e intransmisible y por ello inembargable”.
Además de las iniciativas apuntadas por Lastra, se dio curso favorable a numerosos proyectos de ley, comunicación y declaración previstos en un temario inicial, al que luego se agregó un segundo listado que incorporó, entre otros expedientes, varios proyectos de ley aprobados ayer en la reunión de la comisión de Asuntos Sociales y otras precedentes.
Fuente: Legislatura de Río Negro