El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón -el 24 de marzo de 1976- constituyó la dictadura “cívico-militar” más sangrienta de la historia argentina e impuso a sangre y fuego un sistema político-económico de desmantelamiento de las conquistas sociales que los trabajadores habían conseguido.
Agravado por los secuestros, desapariciones, los centros de detención clandestinos y las flagrantes violaciones a los derechos humanos que constituyeron un total desprecio por la vida de aquellos que se atrevieron a alzar la voz contra el régimen militar.
Los sindicalistas, los dirigentes políticos, los estudiantes, los hombres y mujeres que reclamaban respeto por los derechos constitucionales y que exigían el retorno de la democracia eran considerados subversivos, un calificativo improcedente con el cual justificaban las detenciones ante una sociedad pisoteada y sumida en el miedo.
Como olvidar la apropiación de más de 500 bebés, de madres retenidas en centros de detención clandestinos, como olvidar los vuelos de la muerte, como olvidar las ejecuciones masivas, como olvidar la noche de los lápices, como olvidar la guerra de Malvinas, como olvidar una dictadura sangrienta que no aportó absolutamente nada constructivo y que se ganó un espacio en la historia nefasta, esa que muchos argentinos no hubieran querido vivir.
Como olvidar aquel 30 de octubre de 1983, cuando el pueblo argentino se volcaba masivamente a las urnas para recuperar definitivamente la libertad, sus derechos colectivos e individuales después de siete años de tiranía y terrorismo de estado.
Con el retorno de la democracia, y la asunción de Alfonsín, como Presidente, ganamos todos los argentinos. Recuperamos el sistema democrático, el que habían aniquilado y tomado por asalto, empuñando las mismas armas con las que debían garantizar la seguridad, custodiar las fronteras y velar por la soberanía nacional.
La memoria también nos sirve para recordar los levantamientos carapintadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y la promulgación de la ley de Obediencia Debida N° 23.521.
El retorno a la vida democrática no fue tarea sencilla ni exenta de incertidumbres. Prueba de ello fueron las concesiones otorgadas por ese entonces a los sectores vinculados directamente con el Proceso de Reorganización Nacional.
Sin embargo la constitución de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) permitió documentar innumerables casos de violaciones flagrantes a los más elementales derechos humanos. El informe “Nunca Más” constituyó una prueba fundamental en el juicio contra las Juntas además de producir un impacto socio-cultural de enorme magnitud en Argentina.
Lamentablemente, en el año 1990, el entonces Presidente, Carlos Saúl Menem, sorprendió al decidir indultar a los militares que habían sido condenados en 1985. Una decisión que impactó en la sociedad y generó la reacción de las organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos y de los familiares de detenidos desaparecidos.
Néstor Carlos Kirchner, tenía muy claro de que había un pasaje de la historia no resuelto, una herida abierta en el seno del pueblo que sentía que le habían dado la espalda a los miles de argentinos muertos y desaparecidos en la impunidad más absoluta.
Por esa misma razón, al tercer mes de haber asumido, se promulgó la ley N° 25.779 en donde se declaraba insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521 y quedaba así nula la ley de Obediencia Debida y Punto Final.
Posteriormente, se promovió el juicio a los genocidas de aquel proceso, enjuiciamientos que continúan hasta nuestros días, con sentencias y condenas a cárceles comunes y que son el mayor acto de justicia para con las víctimas, sus familias y todo el pueblo argentino. Aún reclamamos conocer la relación y participación en la dictadura de los grupos económicos y sectores civiles, como cómplices, facilitadores y beneficiados del proceso. Llegará el momento en que también podamos cerrar ese capítulo que tenemos como cuenta pendiente.
En democracia hemos recuperado la esperanza, la dignidad como pueblo libre y soberano, el derecho de elegir a nuestros gobernantes, de hacer oír nuestra voz sin temor a represalias y de difundir nuestras ideas. Hemos crecido como sociedad, como país, y hemos demostrado al mundo que esta lucha histórica ha servido para nutrir nuestras convicciones además de obligarnos a no bajar las banderas de la libertad.
Esa esperanza recuperada nos compromete a defender la democracia, a seguir construyendo un presente y un futuro. A depositar la esperanza en la juventud, confiando en que hayamos podido transmitirles el valor de la Memoria, Verdad y Justicia como bases para proyectar un futuro. Nos impone seguir apostando a la educación como principal motor de transformación, que se llenen nuestras aulas y nuestras universidades públicas, que sean las tizas las armas más potentes para defender esta realidad, por nuestros muertos y desaparecidos, por nosotros y por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
¡¡NUNCA MÁS!!
Roxana Fernández, Legisladora del FpV
Río Negro.