Un grupo de profesionales de Trabajo Social de Río Negro detallaron esta mañana en la comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro algunos aportes realizados al proyecto para regular en la Provincia el ejercicio de la profesión.
Los trabajadores expusieron los puntos encontrados con el proyecto inicial, en particular el referido al reconocimiento de títulos. En principio el proyecto sólo incluía a los profesionales con título de grado y posgrado. Los profesionales plantearon en la reunión la necesidad de incorporar a los que poseen títulos de pre-grado.
Entre otros pedidos, los trabajadores también solicitaron ampliar la representación en el cogobierno de la Autoridad de Aplicación que el proyecto inicial contempla sólo para el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que tiene a su cargo el gobierno de la matrícula.
Además, plantearon que debería establecerse la obligatoriedad de la colegiación como requisito para poder matricularse y la necesidad de elegir a las autoridades del Colegio en forma democrática.
La comisión analizará los aportes realizados al proyecto. El legislador Alejandro Marinao, impulsor de la iniciativa junto a Graciela Sgrablich, señaló la necesidad de ver los puntos de coincidencia para avanzar hacia la aprobación del proyecto y resaltó la existencia de “un centenar de trabajadores matriculados que deben ser incluidos en la ley”.
Por otra parte, la Comisión debatió el proyecto para establecer la asignación de un cupo de un cinco por ciento de las viviendas construidas en cada municipio por el IPPV, para ser adjudicadas a mujeres Jefes de Familia, con hijos menores de dieciocho años y/o discapacitados a su cargo, que hayan denunciado ser víctimas de violencia doméstica.
La iniciativa obtuvo despacho favorable, aunque se le hicieron observaciones. Se advirtió la necesidad de establecer mecanismos para evitar que se simulen casos de violencia para obtener el beneficio.
También fue despachado en forma favorable el proyecto para reconocer a la fibromialgia como una enfermedad crónica y establecer la cobertura a los pacientes que padecen tal patología. La impulsora de la iniciativa, Cristina Uría, habló de la necesidad de su reconocimiento, explicó que actualmente las obras sociales no cubren los estudios de diagnóstico de la enfermedad.
Según el proyecto, el diagnóstico de la enfermedad deberá ser realizado por intermedio del médico reumatólogo y por medio de un equipo interdisciplinario que integren otros profesionales de la salud, como psiquiatras, psicólogos, clínicos, kinesiólogos.
Fue puesto en consideración también el proyecto para equiparar las remuneraciones de los profesionales y técnicos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, a la que perciben los agentes comprendidos en la ley que estableció la Carrera Técnico Profesional Sanitaria. El oficialismo consideró que la iniciativa debe tener otro encuadre, que las remuneraciones no se deben equiparar con otra ley, sino que deben jerarquizarse. Roxana Fernández se comprometió a rescatar un proyecto ya presentado para mejorarlo y darle al problema una solución de fondo.
Por otro lado, la comisión dio dictamen favorable a una iniciativa de ley del legislador Jorge Barragán para autorizar al Poder Ejecutivo a donar al Club Martín Güemes, de El Bolsón, un lote en Los Repollos, que tendrá como único destino la construcción de un campo de deportes recreativos de esa entidad civil.
Fue aprobado también el despacho del proyecto para crear en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, el Registro Provincial de Condenados por delitos contra la Integridad Sexual en adelante (ReProCoInS), que contendrá la información provincial y nacional de condenados por delitos tipificados en el Libro Segundo, Título III, Capítulo II del Código Penal (Delitos contra la Integridad Sexual).
El mismo despacho obtuvo la iniciativa para reconocer el derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena y crear el mecanismo para la entrega de títulos de propiedad comunitaria a favor de comunidades indígenas o de una organización de pueblos indígenas.
Finalmente, fue expuesta por Cristina Uría la iniciativa para crear espacios denominados “Lactarios Públicos”, en organismos de la Administración Pública Provincial, donde desarrollen sus tareas mujeres en edad fértil, a fin de que puedan extraer su leche y conservarla durante el horario laboral.
La legisladora aseguró que estos espacios contribuirán a mejorar la salud de los niños y a la disminución de la mortalidad infantil. El proyecto será analizado por la comisión de Problemáticas del Género.