La legislatura ratificó en la sesión de hoy, el acuerdo firmado entre las provincias, el gobierno nacional y la AFIP el pasado 28 de marzo, a través del cual se regularizan las diferencias que la provincia mantiene con ese organismo federal, producto de la aplicación del decreto Nº 814/01, en relación a contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por un monto aproximado de $1.820 millones, generados entre 2001 y 2016.
Algunas provincias, entre ellas Río Negro, adhirieron al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) luego de haber transferidos sus regímenes jubilatorios al Estado Nacional. Desde el año 2001 las provincias usufructuaron de los beneficios del decreto nacional 814/2001 de «reducción de alícuotas» previsionales, que originalmente fueron establecidos para la actividad privada, pasando del 16% al 10,17% las contribuciones patronales.
La Procuración del Tesoro primero, y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente dejaron en claro que aquellos beneficios no resultaban de aplicación a los estados provinciales, por lo que las diferencias en las liquidaciones previsionales desde el 2001 generaron importantes deudas en cabeza de casi todas las provincias argentinas, que en el caso de Río Negro alcanza los casi $1820 millones.
En ese marco, se generó una deuda que ha sido, en reiteradas oportunidades, reclamada por parte de AFIP. Además, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el reclamo de la AFIP e impuso las costas a la provincia y es por eso que “no quedó otro camino al resto de las provincias que acordar una forma de acuerdo y financiación de las diferencias”.
Palmieri puntualizó que «este acuerdo establece un plan de financiación flexible y a 20 años para las provincias, aprovechando el régimen de regularización vigente actualmente, y en iguales condiciones que las establecidas en el decreto 1571/2010, que perimitió a las Universidades Nacionales regularizar estas mismas deudas en el año 2010”.
Así se acordó un plan de regularización a 20 años, manteniendo la alícuota en el 10,17% los primeros 10 años (de los cuales se destinará 1,5% para amortizar la deuda histórica), y una alícuota incremental del orden del 5,8% por cada uno de los siguientes 10 años entre 2026 y 2036 hasta llegar al 16% obligatorio.
Por otro lado, el acuerdo modifica la base de cálculo sobre el cual las provincias realizan aportes mensuales para financiar los servicios de la AFIP como agente de recaudación nacional. Hasta hoy el cálculo del 1,9% establecido por ley se realiza sobre el total de los tributos que la AFIP recauda (independientemente de que sean coparticipables a provincias o no); mientras que a partir del nuevo acuerdo, dicha alícuota se calculará exclusivamente sobre la masa de impuestos coparticipables a las provincias en su conjunto. De esta manera, Río Negro tendría un «ahorro» de unos $105 millones al año.
“En términos prácticos, este convenio va a representar una baja del 26% en el aporte de las provincias al financiamiento de la AFIP, lo que para el caso de Río Negro equivalen a unos $105 millones al año menos”, sostuvo Alejandro Palmieri, presidente del Bloque de JSRN y miembro informante del proyecto.