“Evaluamos aconsejar a la cámara dar su aprobación a este proyecto”, manifestó Tania Lastra, presidenta de la Comisión de Constitucionales, luego de que se hiciera una presentación de la norma por la cual la provincia adhiere a la reforma del régimen de las ARTs.
Se hizo un análisis de la nueva normativa a lo largo de casi dos horas. “No es el proyecto ideal, pero sí es muy superador al régimen anterior”, sentenció el secretario de Trabajo de la provincia de Río Negro, Lucas Pica. “Hay claras ventajas en favor de los trabajadores”, indicó el funcionario, después de hacer un repaso de las nuevas pautas que podrían entrar en vigor en Río Negro si se logra el apoyo necesario en el recinto del parlamento provincial.
Pica puso como ejemplo sobre el impacto de cómo afecta la alta litigiosidad en los costos laborales, datos aportados por trabajadores y empresarios de Villa Regina. “De cada 100 pesos de costo laboral, 20 corresponden a las ART”, sostuvo, y explicó que a medida que aumentan los juicios, las ART trasladan esos costos a los empleadores.
De octubre de 2016, a octubre de 2017, de 4.700 expedientes del fuero laboral, el 52% se corresponden a juicios de trámite de accidentes laborales.
En montos, según estimaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sobre el empresariado de Río Negro pesan demandas en trámites con reclamos por 60 millones de dólares. Así lo manifestó ante los legisladores, Ignacio Subizar, subgerente de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.
En la presentación, se plasmaron los ejes de la reforma. En principio “se incrementan las prestaciones”, y se estima que el monto de las reparaciones por accidentes subirá un 20%. En cuanto a los plazos, se espera que se reduzca de 100 a 45 días la efectivización de los pagos, y una de las importantes modificaciones, es que la cifra resarcitoria, será depositada en la cuenta sueldo del trabajador, y ya no mediante entrega de un cheque al abogado de la persona que inició el reclamo.
“No hay disminución de derechos”, destacó Subizar, y para reafirmar su postura, aseguró que se duplicará el plazo por el cual el trabajador recibirá un “sueldo” durante su recuperación. El plazo máximo se extenderá de 1 a 2 años. Y se mantendrá el derecho no solo de hacer el reclamo ante la comisión médica, sino que también se puede apelar a la justicia ordinaria.
El punto crítico de la reforma es que “en 2012 se disparó litigiosidad” y se advirtió que “detrás del actual sistema, hay empresas que buscan su rentabilidad”.
Se concluyó en la presentación que “el empleador es el que paga siempre, porque las ART trasladan esos costos vía aumento de la cuota que pagan los empleadores”. Se estima que el 30% del valor actual de las alícuotas que pagan las empresas, son resultado de los juicios. Por lo tanto se entiende que, si se reduce la litigiosidad, “bajan los costos laborales”.
Consideraron los técnicos que presentaron el proyecto que “existe una judicialidad espuria”, y al mismo tiempo aclararon que “la idea es no restringir los reclamos”.
En manos de la Secretaría de Trabajo provincial quedará “la fiscalización y el control” del accionar de las comisiones médicas y los dictámenes, y se adelantó que no se permitirá que los médicos que tengan vínculos con las ARTs, integren las comisiones médicas de evaluación”.
“Vemos ventajas claras en favor de los trabajadores”, resumió Pica al finalizar la presentación del proyecto.