Los legisladores Marta Milesi (JSRN) y Alejandro Marinao (FPV), presentaron en coautoría un proyecto de ley con el propósito de establecer un Régimen de licencias especiales para el personal estatal con familiares a cargo con discapacidad, modificando el actual régimen previsto en la Ley L 3785.
Este proyecto establece que el Estado Provincial reconoce como política prioritaria el derecho de las personas con discapacidad a contar con la atención y cuidados familiares adecuados durante todo su ciclo vital, garantizando a tal fin a los y las agentes públicos de la Provincia de Río Negro con responsabilidad familiar, un régimen de licencias especiales. También, regula los supuestos y los requisitos para acceder al régimen especial de licencias quedando sujeto a cada uno de los Poderes del Estado la reglamentación de los procedimientos o trámites necesarios que deberán cumplimentar los empleados, e invita a los municipios de la provincia a adherir a la normativa.
Los autores del proyecto destacaron que con esta iniciativa “comenzamos a hablar de las políticas de cuidado en Río Negro y a incorporar los conceptos del Código Civil y Comercial en torno a los nuevos derechos y responsabilidades familiares”. “Nuestra intención ha sido instaurar un sistema de licencias especiales para los y las agentes del Estado con responsabilidades familiares frente a los cuidados y necesidades de las personas con discapacidad. Con ese fin, proponemos una serie de licencias especiales por nacimiento, por discapacidad adquirida, por tratamiento y franquicias laborales”.
De este modo, y una vez que el proyecto se convierta en ley, se garantiza que las familias puedan llevar a cabo con tranquilidad el acompañamiento necesario para el cuidado personal, de atención de la salud y de participación e inclusión en todas las esferas de la vida social de las personas con discapacidad.
Según surge de los fundamentos, el proyecto de ley tiene como antecedente la iniciativa legislativa 465/15 presentada por los legisladores Susana Diéguez y Alejandro Marinao, y las necesidades planteadas por los familiares de personas con discapacidad, reconocidas y avaladas por diferentes organismos provinciales como el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de Estado.
Finalmente, destacaron Milesi y Marinao que si los padres y madres, en el caso del nacimiento o la adopción, o los familiares a cargo de quien padece una discapacidad adquirida, trabajan en el estado provincial pueden contar con mayor disponibilidad horaria; los niños, niñas o el familiar afectado, serán acreedores de un indispensable margen de posibilidades para alcanzar un mayor acompañamiento en los procesos de habilitación y rehabilitación de las discapacidades.