Se trata del decreto 698/17 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que crea La Agencia Nacional de Discapacidad. El legislador Leandro Lescano presentó un proyecto de comunicación rechazándolo debido a que no incluyó la participación de la sociedad civil.
Según el legislador, este decreto debe ser rechazado porque “no fueron consultados ni el Comité Asesor de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), ni el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) ni el propio COFEDIS. Tampoco fueron consultadas las instituciones representativas del sector, en consecuencia, «es inconstitucional por violar el artículo 33 de la Convención”.
El artículo 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula que tanto la sociedad civil, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan deben participar plenamente en los procesos que los atañen. Por otro lado, en 1992 fue sancionado un decreto que crea la CONADIS, organismo integrado por representantes de entidades no gubernamentales de o para personas con discapacidad, cuya participación debe ser garantizada. Según el legislador, en ambos casos las normativas se estarían incumpliendo de entrar en vigencia el decreto mencionado en un comienzo.
Lescano destaca la importancia acerca de que “ante cualquier modificación de la normativa, es imprescindible tener en consideración a las Organizaciones no Gubernamentales que participan dentro del Comité Asesor de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas. Las organizaciones sin fines de lucro cumplen un rol fundamental dentro del comité asesor, por ser entes especializados en proporcionar una atención integral a las necesidades especiales de los discapacitados”.