Se resolvió en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura hacer la convocatoria a postulantes a conformar el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La misma tendrá como fin hacer un seguimiento –por ejemplo- de las condiciones en que cumplen penas las personas privadas de su libertad.
La presidenta de la Comisión, la legisladora Silvia Paz de Juntos Somos Río Negro, adelantó que ya hay 10 postulantes, quienes deberán presentarse a la audiencia pública donde se van a evaluar a los aspirantes antes de completar el cupo de 6 integrantes.
“Nosotros nos encargamos de la conformación y luego la comisión tendrá su propio temario”, indicó Paz, quien consensuó con el resto de los legisladores de la Comisión realizar la audiencia pública el próximo 22 de agosto a las 16 horas.
Son las organizaciones de Derechos Humanos las que dan el aval a cada postulante, en función de los antecedentes y experiencia de cada aspirante.
Una vez conformado el comité, tendrá un amplio campo de acción, como realizar “visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo”, a cárceles y unidades policiales.
También se constituirán para “recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad”.
Entre sus potestades, figura “realizar informes sobre las condiciones de detención”, hacer “sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a adoptar en la materia” y además “mantener comunicación personal y confidencial tanto con personas privadas de su libertad, como con sus familiares”.
Como consecuencia del accionar del Comité, se espera que se confeccione “una base de datos con el objeto de llevar un Registro sobre casos de torturas y malos tratos”.
En la emergencia, deberán “comunicar en forma inmediata a los organismos nacionales o provinciales o funcionarios judiciales que correspondan, los hechos de tortura o malos tratos que pudieran conocer».
Al mismo tiempo podrán “solicitar las medidas urgentes para brindar inmediata protección a las víctimas de tortura o a aquellas personas detenidas que se encuentren amenazadas en su integridad psicofísica”.
Y una vez al año, tendrán la obligación de “elaborar un Informe Público Anual al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial respecto de las tareas y actividades realizadas durante el año, sobre las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad y sobre la realidad carcelaria y de comisarías”.