Los Legisladores Facundo López, Alejandro Palmieri, Mariana Domínguez Mascaró y Leandro Lescano, del bloque Juntos Somos Río Negro, presentaron un proyecto de ley para que se suspenden durante un año la ejecución de los juicios (o medidas cautelares), iniciados por distintas entidades vinculadas al cobro de derechos de propiedad intelectual, ya sea a hoteles como a cabañas. Estas demandas se iniciaron por el cobro de aranceles debido a la posesión de aparatos receptores de señales de audio y televisión en estos establecimientos turísticos.
El proyecto surge a partir del reclamo de 150 cabañeros y hoteleros de San Carlos de Bariloche, que recibieron intimaciones de cinco entidades que exigen el pago de elevadas sumas, algunas retroactivas hasta cinco años.
Se trata de la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADICAPIF); La Sociedad General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (ARGENTORES); La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), la Sociedad de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) Sociedad Argentina de Autores Intérpretes y Compositores (SADAIC) y la Unión Argentina de Artistas de Variedades (UADAV), y demás entidades privadas con regímenes especiales y actividades conexas.
Lescano explicó: “Debemos tomar una medida equilibrada y transitoria, que permita, por un lado, oxigenar a quienes no pueden verdaderamente afrontar los costos, y por el otro, que no desaliente a quienes vienen trabajando con vocación para mantener el sistema de alojamientos con el compromiso de siempre”.
Sobre el alcance del proyecto, destacó que “este proyecto será de carácter transitorio, hasta tanto se concreten medidas de fondo, a nivel nacional, que otorguen solución equitativa e integral a este problema”.
Lo que la Ley de Propiedad Intelectual no tiene en cuenta es que, el cobro de aranceles por parte de estas instituciones, dañan la economía de cabañas y hoteles más pequeños, señalaron los Legisladores. Según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, el sector tributa a las cinco entidades mencionadas por tener una TV apagada en una habitación. Si se aplican los aranceles totales, sin los acuerdos firmados, pueden representar desde un monto similar a los ingresos brutos hasta llegar al 30% de la facturación de un alojamiento.
Como consecuencia de estas intimaciones, muchos emprendimientos productivos de sustento familiar, alojamientos que tienen relación directa con él turista, han tenido que realizar las siguientes acciones para mitigar los gastos: retirar las TV de las habitaciones y constatar dicha actuación ante escribano público, haciendo frente a los costos económicos (escribano y pérdida de clientes); acudir a abogados para poder subsanar la situación; firmar convenios con las entidades demandantes, sin tener información transparente, equitativa y razonable, sobre dichos acuerdos; dar de baja sus establecimientos por no poder afrontar los cobros estipulados y la pérdida de puestos de trabajo.
Cabe destacar que esta iniciativa se presenta como una medida temporaria, ya que esta situación debe resolverse a nivel nacional mediante la modificación de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, para que se diferencien los espacios públicos y privados, de los alojamientos. En la misma línea, corresponde al Poder Ejecutivo Nacional exigirle a las entidades mencionadas que cuenten con un sistema de cobro transparente, razonable y equitativo, y de ser posible, que propicien una modernización integral del sistema de gestión de cobro unificado.