Río Negro creará una comisión para investigar la responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue de Pedro Pesatti, en base al libro Cuentas pendientes, de Bohoslavsky y Verbitsky.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la creación de una comisión para investigar a los actores económicos que “promovieron y/o facilitaron” delitos de lesa humanidad durante la dictadura o que apoyaron “la ejecución del plan criminal”. La iniciativa había sido presentada en octubre por el legislador Pedro Pesatti, del Frente para la Victoria, a partir del trabajo del jurista Juan Pablo Bohoslavsky y el periodista Horacio Verbitsky en el libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. La Comisión Especial Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia, tal su nombre completo, funcionará con amplias facultades durante todo el período de sesiones de 2014. “Es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que tiene como objetivo específico investigar la complicidad económica durante un gobierno autoritario”, destacó Bohoslavsky. “Nuestra máxima aspiración es que la investigación tenga incidencia luego en la Justicia, pero aun si eso no fuera posible es importante que la gente conozca cuál fue el comportamiento de los actores económicos frente a la dictadura”, destacó Pesatti.
En los procesos por los crímenes de la dictadura, que ya tienen más de 500 condenados, “han quedado fuera del radar los actores económicos que interesadamente promovieron y/o facilitaron delitos de sangre”, explica en sus fundamentos el proyecto aprobado. No se investigaron todavía “las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal” y que, en muchos casos, son “actores civiles y económicos de peso, integrados al juego democrático, mientras sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos”, agrega.
El proyecto se aprobó el viernes y deberá volver a tratarse en la misma Legislatura (Río Negro no tiene dos cámaras) dentro de quince días para su sanción definitiva. La comisión tendrá “amplias facultades”, entre otras la de acceder a documentación y expedientes administrativos y judiciales, requerir declaraciones de personas y también informes a organismos públicos y privados. Si bien todavía no se conformó, Pesatti anticipó que la integrarán los legisladores Susana Diéguez, Silvia Horne y César Miguel, que a su vez son sobrevivientes de la dictadura. Los “asesores, investigadores o expertos” que la integrarán surgirán en principio de convenios con las universidades nacionales del Comahue y de Río Negro, aunque no descartó que también se recurra a otros ámbitos académicos.
“El libro Cuentas pendientes… de algún modo permitió tener argumentos más fuertes frente a una presunción que todos teníamos, o en algunos casos directamente evidencias, sobre el rol de grupos civiles, eclesiásticos y económicos que formaron parte de la dictadura”, explicó Pesatti. “Incluso habría que analizar bien la cuestión del cómplice. ¿Quién fue cómplice de quién? Tal vez con una investigación completa, que seguro se replicará en otras provincias, encontremos que los verdaderos instigadores y responsables fueron del campo civil, ya sean grupos económicos que se beneficiaron y que aportaron sus mejores hombres al equipo de (el ministro de Economía José) Martínez de Hoz, y que los cómplices fueron en todo caso los militares”, sugirió el legislador, que hasta 2007 era profesor de letras de la Universidad Nacional del Comahue.
Bohoslavsky destacó que Río Negro es pionera a nivel internacional al crear una comisión que investigue exclusivamente a los actores económicos. “Hay otras que han trabajado el tema, como la de Sudáfrica, pero de manera marginal, no porque formara parte de su agenda ni porque estuviera en su mandato inicial”, explicó. También resaltó la importancia de que la investigación de la complicidad económica se realice en distintos niveles. “Es posible y deseable esta descentralización de la sociedad civil impulsando una agenda de investigación. Es posible que municipios, provincias, universidades o sindicatos investiguen dentro de sus ámbitos de trabajo, aplicación o interés, ya que entonces habrá un proceso colectivo de construcción del conocimiento y un debate sobre qué hacer con esa información una vez consolidada”, se esperanzó.