Mientras en Río Negro debatimos engorrosamente la prórroga por 10 años de los contratos con la empresa Petrobras, a nivel nacional se debate un borrador que afectará los recursos de todas las provincias en un plazo mucho mayor.
Efectivamente, el borrador del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos propone modificaciones a la legislación vigente que cambiarían significativamente las reglas de juego en materia de exploración y explotación de petróleo y gas. Si bien resultaría positivo que se unificaran criterios en todo el territorio nacional para las negociaciones con las empresas petroleras, especialmente en materia de protección ambiental, las cláusulas que se proponen resultarán, a todas luces, perjudiciales a los intereses provinciales, en virtud de que le significarán una merma notable en los ingresos que podrían percibir los Estados.
Menos ingresos para provincias y municipios
El texto sobre el que se trabaja es modificatorio de las leyes 17.319 y 26.197 y regla la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos, determinando que las provincias ya no podrán percibir muchos de los aportes que las empresas petroleras están hoy obligadas a pagar. Textualmente, la nueva ley propone agregar a la ley 17.319 el siguiente artículo:
Art. 56 bis:»Los municipios no podrán gravar las actividades hidrocarburíferas en ninguna de sus formas. A dicho efecto, las Provincias propiciarán la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad hidrocarburífera»
Cabe preguntarse, a quién beneficia este párrafo? Por qué los municipios dejarían de percibir ingresos por las actividades económicas que se realicen en sus territorios? Por qué un almacenero pagaría tasas municipales y las petroleras no? Cómo se explica este avasallamiento de la autonomía municipal?
Sigamos con el texto de la ley:»A partir de la vigencia del presente, la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos o del que lo sustituya para la actividad de extracción de hidrocarburos, no podrá superar el tres por ciento (3%).
Las Provincias no gravarán con impuesto de sellos los contratos, instrumentos financieros y otros relacionados con las inversiones hidrocarburíferas. Asimismo, en la etapa exploratoria, tampoco estarán gravados los contratos referidos a servicios complementarios y de transporte relacionados con la actividad hidrocarburífera».
Más adelante se sustituye el artículo 59 de la ley 17.319 por otro que en su párrafo final dice:»Las alícuotas de regalías previstas[…]serán el único mecanismo de percepción de renta petrolera sobre la producción de hidrocarburos líquidos por parte de las Provincias respecto de la explotación de los yacimientos de su dominio”.
Estos dos artículos impiden a las provincias la percepción de importantes sumas de dinero que, según las leyes provinciales, deben cobrarse a las empresas en concepto de aportes al desarrollo humano y económico. En el caso de Río Negro, ya no se percibirían ingresos por el Bono Fijo, el Bono en Especie, el cobro del Impuesto a los Sellos sobre el Bono Fijo, un 0,5% menos en el Aporte complementario, la Renta Extraordinaria, el Canon de Explotación y el Canon de Capacitación. Sólo en el caso de Petrobras, la provincia de Río Negro percibiría $1100 millones de pesos menos, perjuicio que se repetiría al momento de renegociar las otras áreas petroleras con las demás empresas que operan en nuestro territorio.
Perjuicio para las empresas petroleras provinciales
El borrador de esta nueva ley nacional propone también la incorporación de un artículo 91 bis que citaremos textualmente para no tergiversar su contenido:
«Las Provincias y el Estado Nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica.
Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas en favor de entidades o empresas provinciales o nacionales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros, se llevarán adelante procesos competitivos y públicos con esquemas asociativos, en los cuales la participación de dichas entidades o empresas provinciales será proporcional a las inversiones comprometidas y que efectivamente sean realizadas por ellas, no admitiéndose modelos de contratación y/o explotación en los cuales la participación de tales empresas no conlleve una contraprestación proporcional de inversiones”.
Claramente este artículo dejaría fuera del negocio petrolero a las Empresas Provinciales que no tienen la capacidad económica para realizar la exploración y explotación del petróleo y que no están en condiciones de competir con las transnacionales que operan en este negocio. La concesión de áreas a las empresas provinciales ha sido hasta ahora una invalorable estrategia que permitía a las provincias aumentar los ingresos por la explotación de sus recursos, más allá de las regalías.
Río Negro, escenario de especulación política
El debate por la renegociación de los contratos petroleros en Río Negro se ha visto atravesado por el claro adelantamiento del escenario electoral de 2015 y ha producido posicionamientos contrarios, fundados más en intereses electorales que en la verdadera defensa de los recursos provinciales.
El bloque de la Legislatura provincial que dirige Pichetto obstruye la aprobación del contrato con Petrobras, mientras el Senador defiende un proyecto de ley nacional que, evidentemente, atenta contra los intereses de Río Negro, favoreciendo a las multinacionales. Este doble juego engañoso condena a Río Negro a la desinversión y al atraso.
Queremos más ambulancias, más patrulleros, más infraestructura, más equipamiento escolar, más obra pública. Por eso, defendemos los recursos genuinos de nuestro territorio porque son la oportunidad de obtener una mejor calidad de vida para todos los rionegrinos.
Lic. Arabela Carreras
Legisladora Provincial PJ-FpV