La legisladora Arabela Carreras defendió la decisión del gobierno provincial de impulsar una ley que permita distribuir a los municipios los fondos provenientes de los contratos petroleros a cambio de la presentación de proyectos.
La parlamentaria aclaró que «existen diferentes modos de obtener recursos que provienen del estado provincial», y además negó que se trate de una «retención de los fondos» como muchos intendentes opositores cuestionan.
Agregó que «dichos fondos están destinados a financiar proyectos productivos, equipamientos y obras de infraestructura, e intentarán impedir que sean utilizados para gastos corrientes, como por ejemplo pago de salarios». Puso como ejemplo al municipio de Bariloche en donde «los beneficios obtenidos por gestiones a nivel nacional y provincial, destinados a obras, fueron distraídos a gastos corrientes y el Ejecutivo municipal ha tenido que pedir prórrogas al Legislativo para poder restituir esos fondos».
«Se destinaron a mantener una apariencia de cuenta ordenada, cuando en realidad el municipio tiene un fuerte rojo, un desequilibrio entre lo que gasta y lo que ingresa para gastos corrientes, y lo único que hace esto es postergar el problema para más adelante», añadió.
Ante las críticas de muchos intendentes de la provincia, incluida María Eugenia Martini de Bariloche, que denuncian cierta discrecionalidad y «extorsión» en la distribución de fondos con esta modalidad, Carreras afirmó que «de ninguna manera se afecta la autonomía municipal porque, del mismo modo que por ejemplo «El Plan Más Cerca», requiere la aprobación de proyectos y la rendición, estos fondos pueden tener su modo particular de distribución en los municipios».
La legisladora del FpV, consideró que “los jefes comunales que se oponen a los alcances de la nueva ley se contradicen, ya que protestan si los aprobamos, protestan si no los aprobamos. Si distribuimos, si no distribuimos».
Sobre las acusaciones que de muchos de ellos surgieron, la legisladora entendió que existe «autoritarismo en las expresiones». «Decir que hay que evaluar la legalidad de este proceso, es un error conceptual, porque es ley». «Se arrogan las facultades de indicar a los legisladores qué es lo que tienen que hacer, y demuestra una incomprensión de lo que es la división de poderes en una democracia».
«Durante años estuvieron callados con los gobiernos radicales que no les depositaron el dinero, que les prometían obras y no se realizaban. Y se acumuló una deuda enorme. Ahora que se está por pagar esa deuda histórica, sorprende que tengan una actitud tan violenta. Me parece que aquí está el trasfondo de las elecciones 2015», puntualizó finalmente la legisladora del oficialismo.
Prensa Leg. Arabela Carreras