La presidenta de la Comisión de Derechos humanos de la Legislatura de Río Negro, Silvia Paz, luego de manifestar que se realiza “un permanente esfuerzo” para poder integrar el comité provincial contra la tortura, informó que se realizará una nueva convocatoria a postulantes. Esta decisión se adoptó luego de que la mayoría de los inscriptos sufriera algún tipo de objeción, lo que dificultó la conformación del cuerpo de 6 miembros que hará seguimiento y monitoreo de “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” en los distintos lugares de detención de jurisdicción provincial. “Lo que pretendemos es allanar todos los caminos para que el comité funcione, esa es nuestra vocación en este momento”, señaló Paz luego de jornadas intensas en las cuales se hizo un análisis minucioso de los antecedentes y aptitudes de las personas que fueron proponiendo diversas instituciones y organizaciones de la provincia.
Había 10 anotados, participaron de la audiencia 7 y la mayoría recibieron alguna impugnación, y por ese motivo Paz optó por hacer un nuevo llamado “por la importancia y la urgencia de establecer el Comité Provincial”. Adelantó que se hará hincapié en la necesidad de cumplir los requisitos que la Ley estipula, tanto para las ONGs como para quienes postulen. Sobre todo, se pondrá el foco en la acreditación -en forma fehaciente-, de los antecedentes presentados y la formalidad requerida de quienes postulen.
La legisladora, al finalizar la reunión de la comisión, remarcó que todo el proceso llevado a cabo se enmarcó en lo dispuesto en la Ley K Nº 4621 y su modificatoria.
De este modo se habilitará un nuevo plazo para recepcionar aspirantes a integrar este organismo, quienes tendrán un mandato de 4 años, según lo ordena la ley vigente. En ese texto normativo se establece que “el Comité será integrado por seis (6) representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales que demuestren experiencia y
conocimiento del tema y que no se hubieran desempeñado en funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes del Estado en el curso de los últimos dos (2) años y dos (2) miembros del Poder Legislativo.”. La ley estipula que “tanto los miembros de organismos de derechos humanos, como los funcionarios del Poder Legislativo deberán acreditar integridad ética, compromiso con los valores democráticos y poseer una reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos”.