El Correo Oficial de la República Argentina S.A., como prestador del servicio público postal, telegráfico y monetario, nacional e internacional de nuestro país, es una sociedad anónima cuyo único accionista es el Estado argentino y se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaria de Empresas y Sociedades del Estado.
La “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, refiere a temas muy diversos como la emergencia económica, la reorganización administrativa, cuestiones de seguridad y defensa, de salud pública y de infraestructura. La empresa en cuestión, ha sido incluida dentro de las sociedades a ser privatizadas o concesionadas.
En este sentido, siete localidades de Río Negro se verían afectadas por el eventual cierre de las oficinas del Correo Argentino: Fernández Oro, Sierra Grande, Chimpay, Chichinales, Ingeniero Huergo, Barda del Medio y Cervantes.
Al mismo tiempo de hacer pública la solidaridad con los trabajadores, el Bloque JSRN subraya su rechazo a “ajuste del Estado sin un marco de razonabilidad y sin atender a la importancia que revisten muchas de sus instituciones.
En ese orden, los legisladores subrayan el carácter de imprescindible de esa Institución en tanto “través de él los vecinos realizan diferentes trámites, reciben cotidianamente su correspondencia y utilizan el servicio de paquetería de todo tipo de artículos, muchos de ellos de primera necesidad”
En esta línea, el Bloque señala que “el Correo Argentino representa a la República Argentina ante la Unión Postal Universal (UPU), tiene la obligación de prestar el Servicio Postal Básico Universal (SPBU), cumple roles fundamentales como el desempeñado en cada turno electoral y, entre sus activos fundamentales encontramos el conocido como “ultima milla”, ya que contando con una red de mas de 1400 sucursales y unidades postales diseminadas por todo el país, es la única empresa con llegada a todos los domicilios, habitantes y organizaciones argentinas”
Por otro lado, estos parlamentarios reclaman una “revisión de las políticas de despidos y futuros retiros voluntarios a instrumentarse en las empresas y sociedades del Estado, considerando que la reducción del gasto público debiera beneficiar a todos los habitantes de nuestro país y no representar una vulneración de derechos fundamentales para algunos sectores, grupos o zonas geográficas».
En atención a estos puntos, el Bloque JSRN presentó un Proyecto de Comunicación «al Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que vería con agrado intervenga de forma urgente ante el Correo Oficial de la República Argentina S.A., como sociedad bajo su órbita, a fin de arbitrar los medios para revertir la decisión de cerrar las sucursales ubicadas en las localidades de Sierra Grande, Fernández Oro, Chimpay, Chichinales, Ingeniero Huergo, Barda del Medio y Cervantes en la provincia de Río Negro”.